Fuentes RCI Canadá y Swissinfo
Dos autoridades canadienses, la viceprimera ministra Chrystia Freeland y la ministra de Relaciones Exteriores Melanie Joly son algunas de las principales firmantes de una carta abierta en la que se denuncia el historial de Irán en materia de derechos de la mujer. También la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinta Ardern adhirió a la resolución. Otras personalidades que adhirieron son Michelle Obama, Hillary Clinton y Malala Youzafsai. Foto: Manifestaciones en Ottawa (Radio Canadá-Camille Kasisi-Monet)
La carta, publicada el domingo en el periódico estadounidense New York Times, condena la violenta represión de las recientes protestas en Irán y pide que el país sea retirado de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
La ex primera ministra Kim Campbell y la activista de derechos humanos y escritora Nazanin Afshin-Jam son otras dos canadienses que figuran en una lista de firmas clave de la carta.
Irán comenzó a principios de este año un mandato de cuatro años en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU.
En la carta se afirma que Irán debería haber sido descalificada por su prolongada y sistemática historia de opresión de las mujeres, así como por su reciente ola de represión violenta contra los manifestantes que reclaman sus derechos humanos.
La posición de Nueva Zelanda
El gobierno de Nueva Zelanda anunció este lunes la suspensión del diálogo con Irán sobre derechos humanos debido a la violencia ejercida para reprimir las protestas que se registran desde septiembre en ese país, que según activistas ya se han saldado con más de un centenar de muertos.
La ministra neozelandesa de Exteriores, Nanaia Mahuta, dijo en un comunicado que el diálogo -implementado desde 2018 y que solo ha celebrado una reunión- es «insostenible» mientras Irán niegue «los derechos básicos» a su población y reprima «violentamente las protestas de quienes les hacen frente».
Este domingo de nuevo miles de jóvenes iraníes protestaron a lo largo del país en numerosos centros universitarios de varias ciudades a pesar de la advertencia de la Guardia Revolucionaria para que dejasen de manifestarse.
Las protestas, que se encuentran ya en su séptima semana desde la muerte el 16 de septiembre de la joven Mahsa Amini tras ser detenida tres días antes por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico, fue fuertemente reprimidas por los basiji -milicia de voluntarios fiel a la República Islámica- con el uso de gases lacrimógenos y palizas.
Además de la represión, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó el viernes a las autoridades iraníes de no entregar a las familias los cadáveres de los manifestantes muertos en las protestas, o de hacerlo solo bajo ciertas condiciones o por negar tratamientos médicos en los centros de detención.
Mahuta recalcó que «los recientes eventos siguen mostrando que la posición frente a los derechos humanos de Irán se deteriora», al agregar que la violenta represión contra «las mujeres, niñas y otros miembros de la sociedad para prevenir que ejerzan sus derechos humanos es inaceptable y debe cesar».
El gobierno neozelandés liderado por Jacinda Ardern también condenó, junto a otras doce naciones, la muerte de Amini y pidió una rápida investigación independiente del excesivo uso de las fuerza contra los manifestantes, de acuerdo al comunicado ministerial.
Asimismo, Ardern firmó una carta abierta, que ha sido respaldada por la exprimera dama estadounidense Michelle Obama, la exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton y la joven afgana Malala Yousafzai, entre otras lideresas, para pedir a la ONU que retire a Irán de la Comisión para el Estatus de las Mujeres.
Al menos 108 personas han muerto y 12.500 han sido detenidas en las protestas, según la ONG con sede en Oslo Iran Human Rights.
Además, la Justicia iraní ha presentado cargos contra 1.019 personas en ocho de las 31 provincias del país por su participación en las protestas y este sábado comenzaron los primeros juicios en Teherán.
